Biblioteca virtual sector privado

Presenta un estudio que mide el impacto del COVID-19 en el consumo cultural en Puerto Rico con los hallazgos de la 2da Encuesta de consumo y participación cultural en Puerto Rico realizada en diciembre de 2020.

Presenta el diagnóstico de lo ocurrido en el consumo cultural durante la pandemia del COVID-19 al tener cuatro instancias durante esta nueva realidad (antes de la pandemia, a partir del cierre de marzo de 2020, los primeros meses del 2021 y a partir de mayo donde comenzó la reapertura).

Residents of U.S. territories—American Samoa, Guam, the Northern Mariana Islands, Puerto Rico, and the U.S. Virgin Islands—are not equally represented in critical federal data collections in comparison to the 50 states and the District of Columbia. Federal statistical products are essential to meeting the needs of people in the territories, from education to health care to emergency preparedness. Policymakers, researchers, and others cannot fully understand the social, environmental, and economic challenges residents of U.S. territories face without timely and accurate data. The missing statistical information about U.S. territories is a racial justice and equity issue. The vast majority of the 3.6 million people in U.S. territories are people of color. Inequality in data collection programs reflects and sometimes deepens discrimination against these communities of color.

En el Año Fiscal 2023, el Departamento de Hacienda no alcanzó las metas de recaudación establecidas en el Plan Fiscal por casi $300 millones. En lo que va del Fiscal 2024, los recaudos mejoraron, pero el futuro fiscal podría complicarse debido a los efectos no deseados del cambio del arbitraje a las corporaciones foráneas (4% fijo) a la Ley 52 y a la reducción de los fondos Medicaid a partir del AF 2028. Además, se reconoce la necesidad de reemplazar el impuesto a los inventarios con una alternativa que sea menos distorsionante para la economía. Una iniciativa en marcha que, con algunos ajustes, podría convertirse en una fuente importante de recaudos son los impuestos a las apuestas deportivas. En el presente artículo examinaremos las tendencias en los EE.UU., donde las apuestas deportivas constituyen una industria que ha crecido a triple dígito, en 2022 representó $93 mil millones y generó $1.5 mil millones en recaudos para los estados. También exploraremos la realidad de las apuestas deportivas en Puerto Rico y las proyecciones de recaudos bajo varios escenarios.

Presenta un estudio que informa sobre el sector bancario local y el sector financiero. Destaca a detalle su historia en Puerto Rico y la importancia de estos sectores para la socioeconomia de Puerto Rico.

Presenta investigaciones que señalan que leer proficientemente al finalizar el tercer grado es un indicador clave del éxito académico futuro.

Este informe, elaborado por Espacios Abiertos (EA), analiza los efectos del Impuesto Mínimo Global (IMG) del 15% en Puerto Rico, evaluando tanto las oportunidades como los riesgos que presenta. La digitalización y globalización de la economía han permitido a las multinacionales trasladar beneficios a jurisdicciones de bajos impuestos, resultando en la pérdida de ingresos fiscales significativos a nivel mundial. Esta situación ha llevado a más de 140 jurisdicciones a cooperar para implementar un IMG que garantice una tributación más equitativa y suficiente para financiar servicios públicos esenciales. La OCDE y el G-20 han desarrollado el marco inclusivo BEPS, con 147 economías comprometidas en reformar la tributación internacional a través de dos pilares. El Pilar I busca reasignar derechos de imposición sobre los beneficios de grandes multinacionales a los mercados donde realizan sus ventas. El Pilar II, que incluye el Impuesto Mínimo Global (IMG) y la Cláusula de Sujeción a Imposición (CSI), establece un impuesto mínimo del 15% para multinacionales con ingresos anuales consolidados superiores a 750 millones de euros. Este informe se centra en el Pilar II y sus implicaciones para Puerto Rico. Puerto Rico ha utilizado históricamente su limitada autonomía contributiva para atraer inversión mediante incentivos fiscales y decretos contributivos. Por otro lado, el gobierno federal ha liderado políticas contributivas como la extinta Sección 936. La eliminación de esta sección resultó en una disminución de inversión y empleo en la isla. En respuesta, se promulgaron leyes como la Ley 154 de 2010 y la Ley 52 de 2022 para estabilizar la política tributaria local. La implementación del IMG en Puerto Rico podría aumentar significativamente los ingresos fiscales a corto plazo, pero también presenta riesgos a largo plazo si la isla no adapta su modelo económico para mitigar estos impactos.

Presenta una visión integral del rol de desarrolladores de ecosistemas empresariales y el impacto colectivo. Explora de forma interactiva quiénes emprenden, las herramientas y proyectos desarrollados, las brechas que enfrentan y el impacto colectivo de la comunidad de emprendimiento.

Destaca algunas de las principales necesidades de la niñez y la juventud para establecer prioridades en la asignación de recursos y diseñar programas de mayor alcance. Promueve la toma de decisiones y políticas informadas sobre la niñez y la juventud. Facilita la creación de estándares de bienestar para los municipios y al estado. Fomenta el debate sobre la situación de la niñez y la juventud de Puerto Rico y contribuye a sensibilizar la opinión pública. Impulsa la participación de todos los sectores generando un sentido de responsabilidad compartida en la búsqueda de mejores condiciones para todos y todas. Permite evaluar el impacto de programas y políticas públicas a largo plazo. Hace posible la comparación de Puerto Rico con los 50 estados de Estados Unidos, el Distrito de Columbia y los 78 municipios del archipiélago puertorriqueño.

The Nutrition Assistance Program (NAP) of Puerto Rico delivered monthly benefits to about 1.5 million people in 2021. Changes to this program have far reaching consequences for families and the economy. In the last four years, there has been increased attention to the inclusion of Puerto Rico in the Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP), the most extensive federal nutrition program in place in the United States, Washington, D.C., the U.S. Virgin Islands, and Guam. The movement to include Puerto Rico in SNAP has recently gained traction since the issue of equity for United States territories has become more salient in the public conversation. While bills providing for a transition from NAP to SNAP have been presented in Congress,3 their approach is varied. As Congress contemplates the 2023 Farm Bill, the implications of a transition become a necessary focus in order to advocate for language and alternatives that consider benefits gaps. This study aims to present information that could inform and enhance this debate. Below we compare NAP, the federally funded block grant for nutrition assistance in Puerto Rico, to SNAP. The description of NAP is based on the applicable rules as of federal fiscal year (FFY) 2022. These rules are established in Program Regulation No. 8684 of December 28, 2015 of the Administration for the Socioeconomic Development of the Family (ADSEF, by its Spanish acronym) of the Commonwealth of Puerto Rico. Operations of the program and any changes to program rules are submitted annually to the USDA Food and Nutrition Service (FNS) in the annual state plan of operations. The most recent state plan as of the writing of this document corresponds to FFY 2022. The rules of SNAP are obtained from various documents on the FNS-SNAP website and from government-issued reports related to SNAP budgets and rules.

Este informe presenta el perfil de la clase del 2023, el cual corresponde al estudio de las características de los estudiantes de escuela pública y privada que indicaron ser candidatos a graduación en Puerto Rico al finalizar el año académico 2022-2023. Cabe señalar que otros sectores educativos como homeschooler y otros programas no están contemplados en este informe. Para los estudiantes que repitieron las pruebas dentro del periodo de junio de 2022 hasta febrero 2023, se informa el resultado correspondiente a la puntuación más alta que obtuvo en cada prueba de la PAA. Además, se describen a los examinados (n = 29 055) en términos de su desempeȟo y de su perfil académico en función de las respuestas al «Cuestionario para la Orientación Postsecundaria» (COP).

Provee los datos más actualizados de los que generalmente se recopila cada 10 años durante el censo, para medir el cambio en las características socio demográficas y económicas de la población y sobre las características de las viviendas a través de los años.

Presenta un estudio sobre la planificación en el proceso de contracción hacia una economía y una población más pequeña.

Presenta un estudio que informa sobre la población puertorriqueña en EE.UU, su estilo de vida, las razones por las que emigraron y las razones por las que regresarían a la isla.

Presenta un estudio sobre el impacto del Crédito por Dependientes Menores o Child Tax Credit (CTC) en Puerto Rico y sus beneficios en la sociedad.

After two years of persistent inflation and uncertainty on different fronts, such as progress on debt restructuring, the disbursement of federal reconstruction funding, and the future trajectory of interest rates, some observers argue that Puerto Rico's economy is normalizing and that, even without federal funds , the economy is strong enough to sustain robust growth. However, I am skeptical about this assertion. The decreasing rate of inflation continued through 2023, with annual headline inflation growth settling at 3.4%, a notable decrease from the 6.1% recorded in 2022. Alongside this trend, the labor market exhibited resilience, seeing a net creation of 26,200 jobs and maintaining the unemployment rate at a historic low of 6.0%. Furthermore, the annual growth in average weekly earnings for all workers (5.8%) surpassed the inflation rate (3.4%) in 2023, marking a reversal from 2022. These positive shifts may positively impact the economy of Puerto Rico in the short term. While the improved purchasing power and a potential reduction by the Federal Reserve (i.e., Fed) in the Fed fund rate sometime in the second half of 2024 may support consumer spending and economic growth, a closer look at various factors raises doubts. For instance, inflation in the island, particularly for certain food items and services (e.g., cereal and bakery products, recreation services, and lodging away from home), still substantially exceeds the 1.8% average between 1984 and 2019. In any case, a lower inflation rate should not be confused with lower price levels. Furthermore, the reduction in the Fed fund rate may not necessarily ease local credit conditions, as loan pricing is more likely to be guided by long-term interest rates, which are, in turn, influenced by factors beyond the Fed's control, including inflation expectations , the federal government deficit, and foreign central bank appetite for U.S. Treasuries. Structural issues such as labor shortages, an aging population, lower productivity, and the transition to net zero greenhouse gas production by 2030 would keep prices and interest rates high. Nobel laureate in economics Michael Spence said in The Next Phase of Our Inflation Journey (2024) that “with structural shifts having diminished the supply side's capacity to respond to demand-side pressures, higher real interest rates will be needed to maintain demand – and thus , inflationary forces – in check.” This would imply a higher cost of capital which, in our case, will continue to constrain private investment. Costly loans, such as residential mortgage loans, will also limit housing affordability in the local market. Finally, geopolitical risks (i.e., the Israel-Hamas war, Ukraine-Russia war, and the Houthi's attacks on international vessels using the Red Sea route), local upward adjustments in the commercial, industrial, and residential electricity bills, higher highway tolls and Increased food prices and volatile gasoline prices could revert the trend towards lower inflation of the last two years.